La administración desleal de los políticos

Enrique Alcalde

Sin perjuicio de la constelación de nuevos delitos económicos que actualmente el Congreso estudia incorporar a nuestro ordenamiento jurídico, hace menos de dos años se agregó la denominada “administración desleal”. Esta figura sanciona penalmente a quien, encargado de la gestión de un patrimonio ajeno, y abusando de sus facultades, o bien ejecutando u omitiendo realizar acciones de forma manifiestamente contraria al interés del titular del patrimonio afectado, le perjudique.

Lamentablemente, este nuevo tipo penal no sanciona a los políticos, en cuyas manos se encuentra entregada, en mayor o menor medida, la administración del erario nacional, sin considerar que las decisiones que adoptan, en muchas ocasiones, afectan –y severamente– el bolsillo de todos los contribuyentes.

A diferencia de lo que ocurre en el sector privado, no existen en nuestro país mecanismos eficientes de “accountability” que permitan hacer realmente efectiva la responsabilidad –ni siquiera patrimonial– de quienes adoptan decisiones o políticas públicas susceptibles de provocar efectos económicos, en ocasiones desastrosos, para la gran mayoría de los chilenos o sectores relevantes de la población. Para ello –afirman los políticos– existe el voto y la posibilidad de no ser reelegidos.

Si bien el argumento puede ser teóricamente razonable tratándose de cargos de elección popular, la práctica demuestra lo contrario. Basta advertir las continuas reelecciones de parlamentarios claramente irresponsables o que han abusado descaradamente de recursos públicos, para desmentir esta falacia, sin considerar las barreras de entrada que franquea un sistema electoral a todas luces deficiente.

A lo anterior se suma el desprecio más absoluto que profesan a toda opinión o criterio técnico ¬–aunque sea unánime– con tal de complacer a una masa electoral las más de las veces desinformada y que, como lo acreditan diversos estudios, en su mayoría exhibe una comprensión lectora y analfabetismo financiero alarmantemente deplorables.

En este contexto, el desparpajo y la frivolidad de nuestro Congreso ha alcanzado un nuevo hito que resulta particularmente relevante ante la proximidad de una eventual nueva Constitución. Sin vergüenza alguna de su parte, y a propósito de la pandemia, la mayoría parlamentaria aprobó el retiro del 10% de los ahorros previsionales y, para hacerlo, no ha trepidado en violar abiertamente la Carta Fundamental. Así, mediante la figura del “fraude a la ley” –que ya los romanos conceptualizaban diciendo que “incurre en ella quien, salvando las palabras de la ley, esquiva su sentido”–, se recurrió a la reforma constitucional como vía para desconocer las atribuciones exclusivas del Presidente de la República. Y peor aún, nada garantiza que no lo sigan haciendo –con esta o con una nueva Constitución– una vez que ya cruzaron esta línea.

Muchos podrán pensar que, como siempre, las concesiones populistas no tendrán consecuencias personales para los implicados en la decisión… y puede que sea cierto. Pero para el país las consecuencias están siendo indiscutiblemente nefastas.